La Universidad de Salamanca, ha sido la adjudicataria del servicio de formación de los policías de escala ejecutiva desde 1989 en que firmó el primer convenio de colaboración, con la Academia de la Policía Nacional en Ávila. Posteriormente, tras la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Contratos del Sector Público, que determinó que estas prestaciones no se debían formalizar mediante convenios bilaterales, sino a través de concursos, se publica el primer concurso público en 2009 y consigue la adjudicación. La Universidad de Salamanca ha concurrido en solitario en cuatro de las cinco convocatorias, y en la quinta obtuvo la mejor puntuación.
La Dirección General de la Policía (DGP), dependiente del Ministerio del Interior, ha publicado en el BOE el 18 de julio el concurso para adjudicar el servicio de enseñanza y formación por parte de una universidad, a los alumnos de primer y segundo Curso de acceso a la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional, por un valor máximo de 119.200 €. Este año se han presentado al concurso tres Universidades: Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla y Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila.
En los aspectos técnicos, que se valoraban en 35 puntos, las tres Universidades obtuvieron los mismos puntos
En el aspecto económico valorado en 65 puntos, el precio máximo era de 100 € /hora. La Universidad de Salamanca ofreció 98 €/hora, la de Sevilla 95 €/hora y la de Ávila 80 €/hora.
Por lo que la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila ha resultado ser la nueva adjudicataria.
La Universidad de Salamanca ha anunciado que recurrirá la adjudicación, ya que considera que no se ha valorado su experiencia y consideran que hay falta de solvencia técnica en la propuesta ganadora. “Se han primado los criterios económicos sobre el prestigio académico y una colaboración de décadas” dice Daniel Hernández, rector de la Universidad de Salamanca.
La adjudicación ha sido polémica, ya que el Ayuntamiento de Salamanca por unanimidad, con alcalde del PP, ha pedido que se dé marcha atrás en la decisión, y el PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados exigiendo que se revoque la adjudicación a la Universidad Católica de Ávila de la docencia de la Escuela Nacional de Policía.
La información que tengo de este tema es superficial, prensa e internet, por lo que no me atrevo ni a valorarlo ni a pronosticar cuál será el desenlace de los recursos interpuestos. Al leer esta historia me he sonreído pensando en las veces que he oído “no te molestes en visitar a ese cliente, ese cliente es mío”, no te engañes, puedes llevar 28 años vendiendo a un cliente y de un día para otro estás fuera. El argumento de “llevamos una vida juntos” es un argumento mirando al pasado y los clientes miran al presente y al futuro.
Nuestro negocio, es la formación profesional para el empleo y es aquí donde creo que debemos sacar dos conclusiones:
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1. Para la Administración, un certificado de profesionalidad o una especialidad formativa es una commodity, un genérico, no es posible establecer una diferenciación entre el certificado de profesionalidad impartido por el centro A o por el centro B. Prueba de ello es que puedo realizar un módulo en el centro A y otro en el centro B y el diploma siempre me lo expide la autoridad laboral.
2. El mercado de la formación para el empleo, en oferta, se parece a un monopsonio, es decir, hay un comprador (la Administración) y muchos vendedores (10.000 centros de formación para el empleo), por lo que la capacidad del comprador hace que el precio sea inferior al que estaría vigente en un mercado competitivo. La variable precio, será cada vez una variable más importante en las adjudicaciones y no te engañes… ¡los precios tienden a la baja!
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